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Curazao ilustra una etapa temprana: suscribe el Convenio de Cartagena (2024), realiza con UNESCO una evaluación RAM (febrero de 2025), anuncia inversión pública en un centro de datos de IA (julio de 2025) y se incorpora a GAIA-X (agosto de 2025), todo ello orientado a cimentar capacidades institucionales, de infraestructura y de intercambio seguro de datos, aún sin una estrategia nacional formalizada.
El PBIA (junio de 2025) establece cinco ejes estratégicos, coordina a MCTI/CCT con MGI, Serpro, Dataprev y ENAP, y se complementa con el PL 2338/2023 y un sandbox regulatorio bajo la ANPD, con foco en soberanía tecnológica e infraestructura pública de cómputo; persisten brechas en una política unificada de gobernanza de datos y roles transversales como CDO.
La ENIA (octubre de 2023) se aprueba por decreto, instala mesas interinstitucionales y consultas ciudadanas, y avanza hacia marcos legales de transparencia, ciberseguridad y protección de datos; su gobernanza sigue en consolidación.
Conforma un Comité de IA multisectorial (2024), publica la Política Pública para la Transformación Digital (abril de 2025) y formula la Estrategia Nacional de IA con visión a cinco años.
Colombia presenta esta transición: el CONPES 4414 (2025) define hoja de ruta, crea un Consejo Asesor de Expertos, integra la gobernanza de datos (Coordinador y Comité Nacional, Administradores de Datos) y prioriza infraestructura tecnológica; el reto reside en operativizar plenamente las funciones de vigilancia y fiscalización para cerrar el ciclo.
La Ley 31814 designa a la PCM/SGTD como autoridad nacional en IA, establece comités y tres oficiales por entidad (Gobierno de Datos, Seguridad y Confianza Digital, y Datos Personales) y se apoya en un Centro Nacional de Datos; los próximos pasos incluyen el reglamento y el refuerzo de capacidades de cómputo
Opera un modelo de “red piramidal”: estrategia nacional aprobada, Agesic con mandato legal y Comité Estratégico del Sector Público para la IA y Datos; el énfasis futuro está en métricas de impacto, capacidades especializadas y expansión de supercomputación y participación.
Cuenta con Política Nacional de IA (2021, actualizada 2024) y plan a 2031, con Consejo Asesor, Estrategia de Gestión de Datos del Estado y creación de un Centro de Excelencia de IA orientado a pilotos en entornos de sandbox y estandarización para escalar soluciones.
Presenta un modelo descentralizado con RAM (2024) elaborado con más de 250 actores, fortalezas en talento y marcos de transparencia y datos, pero más de 50 iniciativas legislativas aún sin ley específica de IA ni política nacional de infraestructura de datos, lo que abre una ventana para consolidar coordinación, normas y datos.
Curazao se encuentra en una etapa temprana de desarrollo en materia de gobernanza de inteligencia artificial (IA), aunque ha comenzado a dar pasos significativos para construir una base institucional y estratégica que permita adoptar esta tecnología de forma segura, inclusiva y orientada al desarrollo sostenible. Si bien el país aún no cuenta con una estrategia nacional formalizada, la IA ha sido reconocida como un componente clave en sus planes de digitalización y modernización del sector público y privado. El liderazgo institucional recae principalmente en el Ministerio de Desarrollo Económico y la Oficina Nacional de Transformación Digital, que han incorporado la innovación tecnológica y la digitalización como ejes centrales de su agenda. En este marco, el país ha comenzado a explorar el uso de tecnologías emergentes y a sentar las bases para su gobernanza.
En agosto de 2024, Curazao suscribió el Convenio de Cartagena para una IA Responsable, comprometiéndose con principios éticos y la protección de derechos humanos. Posteriormente, en febrero de 2025, y en colaboración con la UNESCO, se llevó a cabo el AI Readiness Assessment Report, una evaluación diagnóstica sobre el nivel de preparación del país para adoptar IA que identificó oportunidades y desafíos clave, incluyendo necesidades en infraestructura digital, formación de talento, disponibilidad de datos y marcos regulatorios. Desde mayo de 2025, se han desarrollado talleres gubernamentales para sensibilizar y capacitar a funcionarios en el uso estratégico de la IA.
En el ámbito de infraestructura, en julio de 2025 el gobierno anunció una inversión de 2 millones de dólares para el desarrollo de un datacenter especializado en IA, que incluirá conexiones de fibra óptica y ofrecerá servicios AI-as-a-Service a nivel regional. En agosto de 2025, Curazao se convirtió en el primer país caribeño en unirse al ecosistema europeo GAIA-X, fortaleciendo su posicionamiento como un hub digital confiable para el Caribe. Actualmente, el país cuenta con tres centros de datos, uno de los cuales es el único certificado como Tier 4 en el Caribe, lo que indica una alta fiabilidad y disponibilidad.
Paralelamente, el gobierno ha iniciado la creación de una infraestructura segura de intercambio de datos, con el objetivo de facilitar el intercambio eficiente, efectivo y seguro de información entre agencias del sector público, bajo un principio de minimización de datos. Aunque todavía enfrenta la fragmentación de datos, este proyecto representa un paso clave hacia un gobierno digital más integrado y sienta las bases para innovaciones futuras en gobernanza basada en datos.
En el plano normativo, la política de datos de Curazao se sustenta en marcos legales existentes y en desarrollo:
Actualmente, Curazao no cuenta con una legislación específica para inteligencia artificial que regule aspectos como la notificación a las personas cuando interactúan con sistemas de IA, el establecimiento de mecanismos de monitoreo, reparación y compensación por posibles daños, o la facultad de los reguladores y tribunales para exigir información sobre el funcionamiento interno y la transparencia de los algoritmos.
El país ha adoptado un enfoque de gobernanza colaborativa, estableciendo alianzas con organizaciones internacionales y regionales como UNESCO, CEPAL y la Unión Europea, así como con el sector académico y la industria tecnológica. El nivel de madurez institucional en IA puede considerarse emergente, caracterizado por un enfoque exploratorio y una alta apertura a la cooperación técnica. Entre las prioridades estratégicas se encuentran: fortalecer la infraestructura digital y de datos, generar capacidades humanas en IA, fomentar la innovación basada en evidencia y establecer estándares éticos adaptados a su contexto insular y multilingüe.
Si bien Curazao aún se encuentra en fase de diseño y diagnóstico, las acciones emprendidas demuestran voluntad política y compromiso multisectorial para sentar las bases de una gobernanza de IA inclusiva, ética y orientada al desarrollo sostenible.
Diagnóstico
Curazao se encuentra en una fase inicial de madurez en la gobernanza de inteligencia artificial, ubicada en el arquetipo de gobernanza piramidal, nivel 1. El país ha mostrado un compromiso temprano al vincular la IA con sus planes de digitalización y modernización, impulsando proyectos de infraestructura digital avanzada, como el datacenter de IA y la adhesión a GAIA-X, así como iniciativas para mejorar la gestión y el intercambio seguro de datos. Sin embargo, la ausencia de una estrategia nacional de IA, de un ente rector formal y de marcos regulatorios específicos limita la capacidad de articular una visión común y de establecer estándares claros para el desarrollo ético y seguro de esta tecnología.
El alto grado de apertura a la cooperación internacional y la inversión en capacidades técnicas ofrecen una oportunidad única para consolidar las bases de un ecosistema de IA inclusivo y sostenible.
Con una estrategia nacional formalmente publicada (Plano Brasileiro de Inteligência Artificial – PBIA) y una arquitectura institucional en desarrollo continuo, el país ha apostado por integrar la IA como una herramienta transversal para el desarrollo económico, social y tecnológico.
En julio de 2024, Brasil presentó la propuesta del PBIA, cuya versión final fue publicada en junio de 2025 como una iniciativa estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CCT), bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y con el apoyo del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE). Su propósito es posicionar a Brasil a la vanguardia del desarrollo y aplicación responsable de la IA.
El PBIA establece una hoja de ruta con cinco ejes estratégicos: infraestructura y desarrollo de la IA; difusión, formación y capacitación; IA para servicios públicos; IA para innovación empresarial; y apoyo al proceso regulatorio y de gobernanza. Su lanzamiento refleja una apuesta ambiciosa por consolidar una IA soberana, estratégica y ética, capaz de contribuir al desarrollo económico y al fortalecimiento institucional.
La implementación se realiza en coordinación con entidades federales como el Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI), Serpro, Dataprev y la ENAP. Esta arquitectura refleja una visión intersectorial que vincula ciencia, administración pública y desarrollo digital.
En el plano normativo, el PBIA se complementa con la Portaria MCTI No. 8.251/2004, diversas resoluciones y el Proyecto de Ley de IA (PL 2338/2023), aprobado por el Senado y en trámite en la Cámara de Diputados. Este proyecto propone un marco regulatorio basado en principios éticos alineados con la Recomendación de la UNESCO y la regulación europea. La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), creada por la LGPD, desempeñará un papel central en su supervisión. En 2025, la ANPD también lanzó el Sandbox Regulatorio en IA, un espacio experimental para probar y evaluar herramientas tecnológicas con implicaciones en datos personales, promoviendo innovación bajo esquemas controlados de seguridad y ética. Esta iniciativa convierte a Brasil en pionero regional en la exploración de mecanismos regulatorios flexibles frente a la rápida evolución tecnológica.
La adopción de IA está orientada a la soberanía tecnológica, la inclusión y la eficiencia estatal. Ejemplos como el uso de IA en el Poder Judicial para apoyar decisiones jurídicas, desarrollado internamente, reflejan esfuerzos por construir capacidades locales. Empresas públicas como Serpro invierten en infraestructura soberana —centros de datos, GPUs y servicios de procesamiento— para el gobierno federal, estados e incluso países extranjeros.
En gobernanza de datos, Brasil carece de una política unificada, aunque la LGPD establece obligaciones claras y la ANPD actúa como autoridad reguladora. Se discute ampliar su mandato hacia una coordinación integral de infraestructura de datos. A nivel institucional, aún no se han consolidado roles como Chief Data Officers ni lineamientos comunes de gestión impulsados por la Secretaría de Gobierno Digital.
La formación de capacidades es reconocida como prioridad, con universidades como la de São Paulo ofreciendo programas especializados y centros de investigación asociados al MCTI colaborando con agencias públicas y privadas. Sin embargo, los mecanismos de articulación entre academia y ministerios siguen en construcción.
En conjunto, el PBIA busca que la IA se convierta en un motor de desarrollo social y económico, con un énfasis en el uso ético de los datos, la eficiencia del Estado y el fortalecimiento de alianzas público-privadas.
Diagnóstico
Brasil se posiciona en el arquetipo de Gobernanza Piramidal en un nivel 2 de madurez, con un liderazgo central claro ejercido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y respaldado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con la publicación del Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) en 2025 y un proyecto de ley de IA en trámite legislativo, el país está en vías de alcanzar un nivel 3 de madurez: cuenta con coordinación central, agenda estratégica definida y un marco normativo en construcción, complementado por la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD). La articulación interinstitucional con entidades como Serpro, Dataprev y ENAP, así como el impulso a infraestructura soberana, muestran un enfoque sólido para consolidar capacidades locales. No obstante, persisten retos como la ausencia de una política nacional de datos, la falta de lineamientos comunes de calidad de datos y la necesidad de institucionalizar roles de gobernanza de datos en el sector público.
República Dominicana implementó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) en octubre de 2023, a través del Gabinete de Innovación y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta estrategia posicionó al país como pionero en la región del Caribe y Centroamérica, al establecer una hoja de ruta basada en principios éticos, desarrollo de talento humano, infraestructura tecnológica y un enfoque centrado en el ciudadano. La ENIA se enfoca en el uso responsable de la IA en el sector público y la incorporación de marcos legales que promuevan la transparencia, la ciberseguridad y la protección de datos personales.
El Decreto Presidencial 498-23, del 9 de octubre de 2023, aprobó oficialmente la estrategia a implementar por el Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital. Sin embargo, la gobernanza en materia de inteligencia artificial y tecnología sigue en desarrollo. Se presentó un primer reporte de resultados el 14 de octubre de 2024, bajo liderazgo de la OGTIC, en el cual se incorporaron mesas sectoriales y consultas ciudadanas, las cuales definirán próximamente marcos normativos y las regulaciones correspondientes.
Las mesas de trabajo incluyen diversos actores, son interinstitucionales e incluyen a 21 miembros entre los que destacan diferentes ministerios y miembros del sector público, así como el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte, el Banco Central, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, ProIndustria entre otros. Además, se incluye en las mesas a universidades y organismos multilaterales. El grupo de trabajo se divide entre las mesas de alto nivel, las cuales definen las políticas y proporcionan guía, mientras que la OGTIC y el Gabinete de Innovación organizan las mesas temáticas y realizan consultas con la academia.
República Dominicana ha evaluado su ecosistema de IA mediante e identificado oportunidades y desafíos para una gobernanza ética y efectiva. Además, el país ha impulsado reformas legislativas orientadas a adaptar sus normativas al entorno digital y tecnológico emergente, incluyendo debates en el Senado sobre privacidad, derechos digitales y propiedad intelectual en el uso de IA. Estas acciones reflejan un compromiso por construir un marco normativo inclusivo y alineado con estándares internacionales. Además, la participación de República Dominicana en foros internacionales y la organización de la III Cumbre de Ética de la IA en América Latina y el Caribe en 2025 consolidan su liderazgo regional en la promoción de estándares de seguridad y ética.
En cuanto a la protección de datos, las iniciativas están avanzando de manera paralela, aunque no están totalmente integradas. La Ley 172-13, vigente desde 2013, establece un marco legal para la protección de datos, pero no aborda los desafíos específicos del uso de IA. Así, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) se ha incluido la necesidad de actualizar esta ley y promover una regulación ética y segura del uso de IA. Además, se han presentado proyectos legislativos que buscan establecer marcos normativos conjuntos, garantizando que el desarrollo tecnológico se alinee con los derechos fundamentales de las personas, en especial la privacidad y el consentimiento informado.
Diagnóstico
República Dominicana se ubica en un arquetipo de gobernanza de gobernanza piramidal un nivel 2 de madurez, al contar con una Estrategia Nacional de IA aprobada e implementada (ENIA), respaldada por decreto presidencial y acompañada de mecanismos de coordinación multisectorial como las mesas sectoriales y consultas ciudadanas. El país ha demostrado liderazgo regional al establecer un marco estratégico con principios éticos, foco en el desarrollo de talento, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y participación inclusiva. No obstante, la arquitectura institucional y la integración plena de áreas como protección de datos, ciberseguridad y derechos digitales todavía se encuentran en fase de consolidación. La organización de la III Cumbre de Ética de la IA en América Latina y el Caribe en 2025 refuerza su papel como promotor de estándares éticos y de seguridad a nivel regional.
Ecuador es uno de los países suscriptores de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. Desde 2022, el país ha trabajado junto con UNESCO en la implementación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación (Readiness Assessment Methodology – RAM). Los resultados preliminares de esta evaluación, presentados recientemente, indican que Ecuador se encuentra en una fase inicial de madurez institucional en gobernanza de IA, con avances significativos en el diagnóstico y en la construcción de capacidades.
En paralelo, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) aplicó, junto con el PNUD, la herramienta Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), diseñada para medir la preparación de los países para adoptar IA de forma ética y efectiva.
En abril de 2025, MINTEL publicó la Política Pública para la Transformación Digital, que define objetivos, estrategias y metas para impulsar la transformación digital mediante: investigación y desarrollo, digitalización de servicios públicos y empresas, adopción de tecnologías emergentes, gestión de datos, ciberseguridad, e interoperabilidad, todo bajo un marco ético y normativo.
En el último trimestre de 2024, el país conformó su primer Comité de Inteligencia Artificial, un mecanismo multisectorial integrado por expertos de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. Este comité identificó prioridades y propuso acciones, entre ellas la iniciativa SinergIA, enfocada en la promoción y adopción ética de la IA a través de charlas, retos, reconocimientos y capacitaciones, así como en la elaboración de una hoja de ruta estratégica.
Actualmente, Ecuador se encuentra en la fase de formulación de su Estrategia Nacional para el Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la IA, con una visión a cinco años y financiamiento público y privado. Sus tres objetivos centrales son:
Fortalecer capacidades humanas y tecnológicas mediante formación de talento, inclusión de IA en todos los niveles educativos y fomento de ecosistemas de I+D+i.
Fomentar la adopción responsable de IA en sectores estratégicos, con mecanismos de evaluación que garanticen calidad, seguridad, impacto positivo y ética.
Establecer un marco ético, regulatorio y operativo que asegure transparencia, equidad, protección de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión.
En materia de infraestructura de datos, la Política Pública para la Transformación Digital enfatiza la necesidad de contar con plataformas seguras, interoperables y preparadas para analítica avanzada e IA, incluyendo centros de datos, repositorios, conectividad y esquemas de gobernanza de datos. Este enfoque se alinea con el marco de protección de datos personales y planes sectoriales que promueven estándares técnicos. No obstante, la implementación de certificaciones, estándares obligatorios y lineamientos específicos para IA está aún en desarrollo y dependerá de futuros reglamentos y planes de acción.
Ecuador cuenta con diagnósticos especializados, proyectos piloto, un comité consultivo y una política digital reciente, pero aún carece de marcos legales específicos plenamente implementados. Los estudios RAM y AILA han sentado una base técnica y analítica que facilitará la transición hacia instrumentos regulatorios y mecanismos operativos más robustos.
Diagnóstico
Ecuador ha sentado bases importantes para una gobernanza de IA ética y orientada al desarrollo sostenible, con apoyo de organismos internacionales como UNESCO y PNUD, y mediante instrumentos como la Política Pública para la Transformación Digital y el Comité de Inteligencia Artificial. El país se encuentra en una fase de diagnóstico y planificación, con una Estrategia Nacional de IA en formulación que incorpora objetivos claros de formación de talento, adopción responsable en sectores estratégicos y creación de un marco ético-regulatorio. De acuerdo con el marco de referencia utilizado en este estudio, Ecuador se ubica en el Arquetipo 1 – Gobernanza piramidal, en el nivel 2 (Agenda + Coordinación inicial), ya que cuenta con lineamientos estratégicos y una coordinación institucional incipiente, pero aún no dispone de un marco normativo promulgado ni de estructuras consolidadas para la supervisión y regulación de la IA. Su arquitectura institucional y normativa aún está en construcción, lo que representa tanto un reto como una oportunidad para diseñar mecanismos de gobernanza adaptados a su contexto.
En Colombia, la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido impulsada desde el más alto nivel de planeación estratégica. La agenda para la formulación de política fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que en 2025 publicó el CONPES 4414: “Hoja de Ruta de Colombia en Inteligencia Artificial para los retos actuales y la transformación futura”. Este documento representa el marco rector para la adopción ética, responsable y sostenible de la IA en el país, abordando los desafíos y oportunidades que esta tecnología plantea en el corto, mediano y largo plazo.
La implementación de esta hoja de ruta está a cargo de una coalición de entidades lideradas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y el propio DNP, que mantiene un rol clave en la coordinación, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico. Esta estructura de gobernanza refleja un esfuerzo deliberado por garantizar que la IA no sea solo un asunto tecnológico, sino una prioridad transversal en la política pública.
El documento destaca que la ejecución efectiva del CONPES no recae únicamente en el aparato estatal. Propone una gobernanza abierta que incorpora de forma activa a:
Como parte de los objetivos de gobernanza, el CONPES propone la creación de un Consejo Asesor de Expertos que oriente la aplicación de las acciones de política pública relacionadas con la IA en el país. Asimismo, establece la necesidad de contar con una guía clara para los actores responsables del desarrollo, uso y apropiación de la IA, que facilite el cumplimiento de principios éticos y responsables. Para ello, se contemplan estrategias de participación de actores interesados en los procesos de evaluación y evolución de la política, así como instrumentos normativos que permitan la verificación, auditoría y fiscalización del uso adecuado de tecnologías basadas en IA.
El enfoque colombiano articula principios éticos con elementos operativos e institucionales, y promueve una gobernanza que combine innovación con responsabilidad. A través del CONPES 4414, el país ha trazado una hoja de ruta concreta que posiciona la IA como un instrumento de transformación pública y bienestar colectivo.
En términos de infraestructura de datos, Colombia partió de una base institucional sólida construida desde 2022 con la adopción de la Resolución 460, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Infraestructura de Datos. Este plan fue respaldado normativamente por el Decreto 1389 de 2022, que estableció un modelo de gobernanza específico para los datos en el país. Este modelo incluyó la creación de un Coordinador Nacional de Datos, un Comité Nacional de Datos, y la figura de los Administradores de Datos en cada ministerio o entidad pública, con roles definidos para la gestión, calidad y disponibilidad de los activos de datos estratégicos.
La Política Nacional de IA retoma esta arquitectura institucional y reconoce a los Administradores de Datos como actores clave en la implementación de la agenda de IA. No obstante, el CONPES señala que sus funciones actuales deberán ser reconfiguradas y ampliadas para alinearse con los nuevos requerimientos derivados del desarrollo, uso y fiscalización de tecnologías basadas en IA. Esto implica un tránsito hacia responsabilidades más integrales, orientadas a asegurar la calidad, seguridad, representatividad y disponibilidad de los datos utilizados en modelos de inteligencia artificial, así como su trazabilidad a lo largo del ciclo de vida de los algoritmos.
Colombia ha establecido el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica como uno de los ejes estratégicos fundamentales para impulsar la adopción de la inteligencia artificial. Este eje contempla acciones para mejorar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad del país, incluyendo la creación y sostenibilidad de centros territoriales de datos y computación, así como la expansión de redes de telecomunicaciones como banda ancha, 5G y 6G, especialmente en zonas rurales. Si bien el documento reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la academia, las fuentes no detallan explícitamente los mecanismos mediante los cuales estos actores (empresas, instituciones académicas y ciudadanía) podrán acceder a la infraestructura existente o a los nuevos centros propuestos. A pesar de esto, el enfoque general de la política promueve alianzas multisectoriales como medio para consolidar un ecosistema tecnológico sólido y equitativo, habilitador de soluciones de IA que respondan a los desafíos sociales, productivos y territoriales del país.
La adopción de la IA en Colombia, bajo el marco del CONPES 4144, está orientada no solo al avance tecnológico per se, sino principalmente a lograr una transformación productiva, social y ambiental real, impulsando el desarrollo sostenible, reduciendo desigualdades y posicionando al país como un referente regional en innovación responsable. Este enfoque parte del principio de que la IA debe desarrollarse e implementarse bajo lineamientos éticos, responsables e inclusivos, asegurando que sus beneficios lleguen a toda la ciudadanía y contribuyan al fortalecimiento de una democracia digital basada en evidencia, equidad y participación.
Diagnóstico
Colombia ha adoptado un enfoque de gobernanza centralizado y estratégico, liderado por el Departamento Nacional de Planeación y articulado con múltiples ministerios y entidades públicas, lo cual lo posiciona como arquetipo de gobernanza piramidal, nivel 3. El CONPES 4414 marca un hito como plan de acción con objetivos y responsables específicos la adopción ética y responsable de la IA, respaldado por una arquitectura de gobernanza de datos robusta que incluye figuras institucionalizadas como el Coordinador Nacional de Datos y los Administradores de Datos. Su enfoque combina innovación, participación multisectorial y principios éticos, buscando que la IA sea un instrumento para la transformación social, productiva y ambiental. Sin embargo, la ausencia de un marco normativo específico para IA plenamente promulgado y operativo limita el paso hacia el nivel más alto de madurez, donde la coordinación estratégica se traduce en implementación sostenida, regulada y con capacidades plenas de supervisión.
En mayo de 2021, Perú desarrolló su borrador de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para 2021-2026 (ENIA). Este borrador, impulsado desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), tiene seis ejes estratégicos: formación y atracción de talento, modelo económico, infraestructura tecnológica, datos, ética y colaboración.
A partir de ese esfuerzo, el país ha estado construyendo un ecosistema normativo compuesto de siete instrumentos estratégicos para el desarrollo y uso de la IA. Estos instrumentos son: el Centro Nacional de Datos, el Centro Nacional de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, la Política Nacional de Transformación Digital, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Datos.
En cuanto a la gobernanza sobre la inteligencia artificial en Perú, esta sigue una estructura que se compone de cuatro niveles: en la punta se encuentra el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo (creado por el Decreto de Urgencia N.º 006-2020), que funge como instancia de coordinación de alto nivel entre sectores público, privado, académico y sociedad civil para alinear las decisiones en materia digital e IA.
La Ley N.º 31814, que rige el desarrollo y uso de la IA, designa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), como Autoridad Nacional en materia de IA, la cual se posiciona en un segundo nivel de gobernanza. Esta entidad tiene la responsabilidad de formular, supervisar y coordinar la implementación de políticas relacionadas con la inteligencia artificial.
En cada entidad pública, los Comités de Gobierno y Transformación Digital (establecidos por el Decreto Legislativo N.º 1412 y el Decreto Supremo N.º 029-2021-PCM) son responsables de incorporar el enfoque ético, seguro y transparente en el uso de la IA, promoviendo una implementación alineada con los principios de gobierno abierto, protección de datos personales y equidad algorítmica. Los comités de transformación digital sesionan aproximadamente cada tres meses.
En el último nivel de gobernanza se prevé que las autoridades antes mencionadas se coordinen e involucren con organizaciones del sector privado, la sociedad civil, la academia, y otros actores relevantes para una sociedad digital.
Cada Comité de Gobierno y Transformación Digital está conformado por tres perfiles estratégicos que se articulan para la implementación de la estrategia nacional: el Oficial de Gobierno de Datos, encargado de coordinar la gestión y aprovechamiento de los datos institucionales; el Oficial de Seguridad y Confianza Digital, responsable de velar por la ciberseguridad y la integridad de los sistemas digitales; y el Oficial de Datos Personales, cuya labor se centra en la protección de los derechos de privacidad de la ciudadanía en el tratamiento de datos personales. Esta tríada de perfiles refuerza la visión integral de gobernanza de la IA desde una perspectiva institucional.
El Oficial de Gobierno de Datos, en particular, cumple un rol fundamental para el entrenamiento de modelos y desarrollo de soluciones de inteligencia artificial dentro del sector público. Este rol fue creado en el marco de la Ley de Gobierno Digital, y es responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y los datos, proponer iniciativas de innovación basadas en datos, fomentar una cultura organizacional orientada a la evidencia, y asegurar la calidad e integridad de los datos gubernamentales. Además, coordina el modelamiento, procesamiento, análisis y desarrollo de servicios de información con las áreas responsables, y lidera la implementación del Modelo de Referencia de Datos en la entidad. Reporta al Comité de Gobierno Digital institucional y a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM para la implementación de normas en gobernanza y gestión de datos.
El Centro Nacional de Datos actúa como el mecanismo que organiza a todos estos oficiales dentro de las distintas entidades públicas. Esta institución será también la responsable de capacitar a los oficiales y de realizar evaluaciones sobre la calidad y gestión de los datos institucionales, fortaleciendo así la implementación efectiva de la estrategia nacional de datos e inteligencia artificial. Además, el Centro pone su infraestructura tecnológica a disposición de las entidades de la administración pública que deseen implementar proyectos de ciencia de datos, analítica avanzada e inteligencia de negocios. También brinda asistencia técnica en el diseño e implementación de arquitecturas tecnológicas necesarias para dichos proyectos, consolidándose como un pilar operativo y estratégico en el despliegue de soluciones basadas en IA.
En cuanto a infraestructura de datos, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se apoyará en desarrollos previos como la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Esta plataforma permite la consulta, descarga y reutilización de conjuntos de datos generados por distintas entidades del Estado, y representa un componente clave para fomentar un ecosistema de datos accesible, interoperable y orientado al desarrollo de soluciones basadas en IA.
Además de este ecosistema y del borrador inicial de la Estrategia Nacional de IA, se publicó en 2023 la Ley de Inteligencia Artificial (Ley N.º 31814). Esta Ley promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, estableciendo principios como seguridad basada en riesgos, transparencia, ética, protección de datos y no discriminación, y designa a la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como autoridad técnica normativa. Actualmente está en proceso de elaboración su reglamento, que se espera se publique en julio de 2025 y permita su implementación práctica.
En relación con la supervisión del uso y desarrollo de la IA, aún no se han definido facultades fiscalizadoras o sancionadoras específicas para la SGTD. Sin embargo, cuando se presentan afectaciones relacionadas con la protección de datos personales, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos quien asume la responsabilidad de emitir sanciones y multas. Por otra parte, el Organismo de Control (OC) tiene la capacidad de emitir faltas administrativas en ciertos contextos relacionados. Estas disposiciones actuales representan una oportunidad para que, en el futuro, se dé mayor claridad institucional sobre los mecanismos de vigilancia, fiscalización y responsabilidad asociados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el país.
Se espera que la versión final de la Estrategia Nacional de IA sea aprobada a finales de 2025. Esta versión dará mayor claridad sobre la articulación entre las autoridades y consolidará las responsabilidades institucionales. Entre los principales retos señalados por las autoridades responsables se encuentra la necesidad de inversión para fortalecer la capacidad de procesamiento computacional. Si bien ya existen las bases regulatorias y las instituciones designadas, la disponibilidad de infraestructura tecnológica donde realizar pruebas y entrenamientos será uno de los principales desafíos en el futuro cercano.
Diagnóstico: Perú presenta un modelo de gobernanza de IA claramente estructurado bajo el Arquetipo 1 – Gobernanza piramidal, alcanzando un nivel 4 de madurez, gracias a la existencia de un marco normativo vigente (Ley N.º 31814) y a una arquitectura institucional que define autoridades, órganos de coordinación y roles especializados como los Oficiales de Gobierno de Datos, Seguridad y Confianza Digital, y Datos Personales. Este andamiaje legal e institucional le otorga al país una base sólida para implementar políticas de IA de manera coordinada, ética y alineada con principios de gobierno abierto. No obstante, persisten retos clave: la aprobación del reglamento de la Ley de IA, la clarificación de facultades de supervisión y sanción, y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para pruebas y entrenamiento de modelos.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 de Uruguay se inserta en un ecosistema digital maduro, respaldado por significativos avances en desarrollo tecnológico y una clara visión institucional. El país destaca en la región por su alta conectividad, el desarrollo de una industria de software exportadora y la atracción de inversiones estratégicas en infraestructura tecnológica, como la instalación de un datacenter de Google y un laboratorio de co-innovación en IA con Microsoft. A estos hitos se suman la existencia del Centro Nacional de Supercomputación (ClusterUY) y antecedentes como la Estrategia de IA para el Gobierno Digital de 2020, que cimentaron el camino hacia una estrategia nacional más ambiciosa e integral.
El proceso de diseño y articulación de la estrategia fue liderado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), en cumplimiento del mandato otorgado por la Ley N.º 20.212 de 2023. Esta normativa no solo otorgó validez legal al instrumento, sino que formalizó el rol de Agesic como institución encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento a la estrategia. Para ello, se conformó el Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos, instancia clave de coordinación interinstitucional que acompañó la construcción del documento y que continuará articulando su implementación.
La estrategia se elaboró mediante un proceso participativo y multisectorial que incluyó a instituciones públicas, sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Esta co-creación permitió alinear la política nacional de IA con otros marcos estratégicos del país, como la Agenda Uruguay Digital 2025 y la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Además, refleja un fuerte compromiso con la ética, los derechos humanos y los principios de gobernanza responsable promovidos en espacios internacionales como la UNESCO y la OCDE.
En términos de gobernanza, Agesic no actúa como un ente aislado, sino como articulador de múltiples instituciones responsables de ejecutar las acciones específicas de la estrategia, en función de sus competencias sectoriales. Este enfoque colaborativo está orientado a consolidar capacidades, generar sinergias institucionales y fomentar una cultura organizacional basada en el uso ético y responsable de la IA.
La Ley N.º 20.212 de 2023 estableció explícitamente que la estrategia de IA debía estar alineada con la Estrategia Nacional de Datos, reconociendo que los datos son un elemento central para el desarrollo de sistemas de IA. Esta alineación no fue una coincidencia, ya que ambas estrategias fueron "co-creadas conjuntamente", y su "construcción sucedió de forma simultánea". El proceso de elaboración de la Estrategia de Datos se enriqueció específicamente con los aportes de las mesas de diálogo realizadas en el marco de la revisión de la Estrategia de IA.
La Estrategia Nacional de Datos plantea una visión de largo plazo orientada a consolidar una infraestructura nacional de datos segura, accesible, interoperable y de calidad, que sirva como fundamento tanto para la mejora de los servicios públicos como para el entrenamiento y evaluación de modelos de IA. Entre sus objetivos destaca la mejora en la disponibilidad y uso de datos públicos y privados; la creación de mecanismos de gobernanza de datos claros, éticos y responsables; y el fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas para la gestión estratégica del dato. Este enfoque integral reafirma el compromiso del país con la construcción de una infraestructura de datos robusta y alineada a los principios de apertura, privacidad, equidad y sostenibilidad.
Diagnóstico
Uruguay se ubica en un arquetipo de red piramidal y en un nivel 4 de madurez, dado que cuenta con un marco normativo vigente, una estrategia nacional de IA formalmente aprobada y en implementación, una institución responsable con mandato legal (Agesic), y mecanismos de coordinación multisectorial como el Comité Estratégico del Sector Público para la IA y Datos. Su enfoque integrado con la Estrategia Nacional de Datos, diseñada y desarrollada de manera simultánea, constituye una buena práctica regional que asegura coherencia entre la política de datos y la política de IA. El país presenta un ecosistema institucional y tecnológico sólido, con infraestructura avanzada y capacidades técnicas, lo que le permite centrarse ahora en la fase de ejecución, monitoreo y optimización de resultados.
Chile ha sido uno de los países pioneros en América Latina en el desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial. La Política Nacional de Inteligencia Artificial fue presentada oficialmente en 2021 tras un proceso participativo y multisectorial liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con la colaboración de otros organismos del Estado, el sector académico, la industria y la sociedad civil. Tanto la Política como su Plan de Acción tienen vigencia hasta 2031, reafirmando un horizonte de 10 años que se mantuvo en la actualización publicada en 2024.
Si bien se trata de instrumentos de política pública sin fuerza de ley, la estrategia posicionó a Chile como uno de los países con mayor madurez institucional en IA en la región. Se estructura en torno a tres ejes: factores habilitantes (infraestructura, talento y datos), desarrollo y adopción de la IA, y un marco ético, normativo y regulatorio para un uso responsable y transparente. Incluye metas a corto, mediano y largo plazo para impulsar investigación, innovación, competitividad y beneficios sociales.
En la estructura de gobernanza, destaca el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, integrado por expertos de distintos sectores, con funciones de monitoreo, evaluación y recomendación sobre la implementación de la política. Aunque no se han designado figuras como “Oficiales de Datos” dentro de las instituciones, el Ministerio de Hacienda juega un rol central en la gobernanza de datos: lidera la Estrategia de Gestión de Datos del Estado (programada para junio de 2025), impulsa la estandarización de metadatos y datos maestros, coordina mesas técnicas y prepara la Estrategia de Gobierno de Datos para IA (prevista para diciembre de 2025).
En infraestructura de datos, la regulación está guiada por las Normas de Gobierno Digital y Gestión de la Información Pública, que establecen lineamientos para almacenamiento, procesamiento, interoperabilidad y seguridad, así como la operación del Portal Nacional de Datos Abiertos. Según la evaluación realizada por UNESCO (RAM, 2023), Chile cuenta con 15 centros de datos. Para fortalecer este ecosistema, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación implementará un Plan Nacional de Data Centers orientado a impulsar el crecimiento de la industria de datos bajo estándares tecnológicos que garanticen sostenibilidad. Paralelamente, la Secretaría de Gobierno Digital creará un Centro de Excelencia de IA para desarrollar casos de uso en entornos de sandbox o experimentación regulatoria en la Administración del Estado, con el fin de aumentar la adopción de IA mediante estándares comunes y pilotos escalables. El término de esta iniciativa está previsto para diciembre de 2026.
En el plano regulatorio, Chile avanza con un proyecto de ley sobre IA (ingresado en mayo de 2024) basado en niveles de riesgo (inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente), con obligaciones específicas por categoría. El documento señala que la Agencia de Protección de Datos Personales será responsable de la fiscalización y del cumplimiento normativo, mientras un Consejo Asesor Técnico de IA, adscrito al Ministerio de Ciencia, brindará soporte estratégico. Sin embargo, el texto disponible no describe de forma específica a la Agencia como “ente sancionador” ni detalla el alcance de sus facultades para imponer sanciones, centrándose más en su rol dentro del marco de protección y gobernanza de datos.
Entre los desafíos persisten la consolidación de una infraestructura digital inclusiva, la integración de IA en sectores productivos y la reducción de brechas regionales, objetivos clave para que la política alcance su visión de desarrollo sostenible, equidad y transformación digital.
Diagnóstico
Chile se posiciona en un arquetipo de gobernanza multisector (en red), con un nivel 2 de madurez pero cercano al 3. Principios comunes multisectoriales. La Política Nacional de Inteligencia Artificial y su plan de acción han generado un marco estratégico claro y de largo plazo, impulsado mediante un proceso participativo que involucra a gobierno, academia, sector privado y sociedad civil. Este modelo ha permitido integrar perspectivas diversas y establecer una hoja de ruta ambiciosa hacia 2031, aunque su carácter no vinculante y la ausencia de un ente rector con atribuciones regulatorias plenas limitan la capacidad de garantizar su cumplimiento. La articulación interinstitucional en materia de datos, liderada por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Gobierno Digital, y el impulso a iniciativas como el Centro de Excelencia de IA, muestran un compromiso por consolidar factores habilitantes. Sin embargo, persisten desafíos para cerrar brechas territoriales, asegurar sostenibilidad en la infraestructura digital y pasar de marcos estratégicos a mecanismos operativos y normativos consolidados.
México ha adoptado un enfoque gradual y multisectorial para avanzar en la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), combinando esfuerzos desde el ámbito gubernamental, académico, privado y de la sociedad civil. A pesar de no contar con una estrategia nacional de inteligencia artificial implementada, se han desarrollado diversos instrumentos, diagnósticos y espacios de gobernanza que sientan las bases para su consolidación futura.
Uno de los hitos iniciales fue la elaboración del Plan de IA para México (2018), una iniciativa liderada por CMinds en colaboración con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) y cooperación internacional. Aunque el plan no es un documento oficial, sirvió como punto de partida para identificar oportunidades, desafíos y recomendaciones para el diseño de una política pública en materia de IA. En este contexto, México también fue uno de los primeros países de la región en suscribir la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, reafirmando su compromiso con una visión centrada en los derechos humanos, la transparencia y la inclusión.
En 2024, la UNESCO presentó los resultados de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación en Inteligencia Artificial (RAM) para México, elaborada junto con la Alianza Nacional para la IA (ANIA) y el Centro-i, con la participación de más de 250 actores multisectoriales. El reporte posiciona a México en el tercer lugar de preparación tecnológica para IA en América Latina, destacando fortalezas como la disponibilidad de talento especializado ,con el mayor número de graduados de maestría en ciencias de la computación en la región; y un marco normativo sólido en materia de protección de datos, transparencia y acceso a la información. Al mismo tiempo, identifica retos significativos en inclusión digital, representación de lenguas indígenas, desarrollo de identidad digital única y fortalecimiento de políticas de datos abiertos.
En términos de gobernanza institucional, el país ha optado por un modelo descentralizado, donde diferentes entidades lideran aspectos clave de la agenda de IA. Entre ellas se encuentran la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el recientemente creado Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha promovido investigaciones en IA desde una perspectiva crítica, tecnológica y ética. A nivel subnacional, algunos gobiernos estatales han comenzado a incorporar tecnologías de IA en servicios públicos y procesos administrativos, aunque con grados variables de avance.
En el plano legislativo, México acumula más de 50 iniciativas relacionadas con IA desde 2020, sin que hasta la fecha exista una ley específica en vigor, ni a nivel federal ni local. Una de las propuestas recientes contempla reformas constitucionales para garantizar que el desarrollo tecnológico no genera sesgos discriminatorios, en particular hacia pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y plantea la facultad del Congreso para expedir una ley general sobre IA. Sin embargo, se trata de un texto de alcance amplio que aún no establece facultades regulatorias, de supervisión o sanción concretas.
En cuanto a infraestructura de datos, si bien se ha anunciado el desarrollo de un nuevo portal de datos abiertos, todavía no existe una política nacional de infraestructura de datos que articule estándares, roles y responsabilidades.
Diagnóstico
México cuenta con un ecosistema activo y en expansión en materia de inteligencia artificial, caracterizado por la participación de actores gubernamentales, académicos, privados y de la sociedad civil, así como por la adhesión a compromisos internacionales como la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA. Esto, lo define como un arquetipo de gobernanza multisectorial con potencial evolución a uno piramidal. Las iniciativas desarrolladas en la última década (incluyendo diagnósticos como el Plan de IA para México y la aplicación de la metodología RAM) han permitido identificar capacidades instaladas y áreas prioritarias para fortalecer la adopción ética y responsable de la IA. Sin embargo, la ausencia de una estrategia nacional con cronograma, proyectos específicos y marco regulatorio integral limita la articulación y el impacto de los esfuerzos existentes. El país se encuentra ante la oportunidad de consolidar una gobernanza más cohesionada, que traduzca las iniciativas dispersas en políticas públicas con objetivos medibles, coordinación interinstitucional y mecanismos de participación ciudadana.